Lic. Sergio Mecino Morales

Mensaje del Presidente


La división de poderes en nuestro país se determina con base en las funciones que realiza cada uno de los Poderes del Estado, así, tenemos la función legislativa que tiene como objeto la creación de la norma; la función judicial que tiene a cargo su cumplimiento; mientras que la función administrativa tiene como objeto ejecutar las normas; por lo que esta última incide cotidianamente en la vida de los gobernados a través de los actos que son emitidos por sus órganos, debiendo observar en todo momento el principio de legalidad. Consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de legalidad limita el actuar de los órganos del Poder Ejecutivo, al señalar que nadie puede ser molestado sino en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; por ello la Justicia Administrativa ha sido creada por el Estado como una actividad de control, de una verdadera auto tutela sobre sus propias decisiones; estableciendo principios, normas y bases para el desarrollo de procesos realizados por órganos jurisdiccionales con el objeto de esclarecer las controversias jurídico-administrativas, denominado derecho procesal administrativo.

Sujeto a los principios de legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica, agilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y buena fe, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo es un órgano autónomo, independiente en sus resoluciones y de jurisdicción plena en materia administrativa; creado en el año 2007 con competencia para resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de naturaleza administrativa o fiscal entre el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos, organismos autónomos, entidades u organismos descentralizados o desconcentrados, estatales o municipales y los particulares; y a partir de la reforma a la Constitución de nuestro Estado, el 13 de noviembre del año 2015, también tiene competencia para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades y actos de corrupción.

A partir de las reformas expedidas por el Congreso del Estado al Código de Justicia Administrativa en el año 2018, creando la segunda instancia en materia administrativa, y la implementación del Juicio en Línea a partir del año 2019, además de formar parte del Sistema Estatal Anticorrupción, los retos de este Tribunal en los siguientes años, son fundamentales para consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Poder acceder a la revisión de las resoluciones emitidas en primera instancia en materia administrativa requiere de un trabajo jurisdiccional de calidad; como integrante del Comité Coordinador es su deber participar en la consolidación de la organización, las bases y los procedimientos para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción; y por último, el desarrollo y la instrumentación del Sistema de Justicia en Línea partiendo de la difusión y capacitación de sus operadores hasta la sustanciación y resolución de los juicios.

Todo ello sin dejar de lado su propósito principal, reconocer al gobernado como sujeto de derechos y obligaciones con la capacidad de hacerlos valer frente a quien se los ha otorgado, el propio Estado, otorgando una justicia simple y efectiva, que le permita inconformarse y obtener una defensa adecuada; lo que de manera inherente obliga a las autoridades a emitir sus actos dentro de la legalidad, encontrando ahí la verdadera efectividad en la Justicia Administrativa, como fin del derecho procesal administrativo, el que impere y prevalezca siempre el Estado de Derecho.